El Tribunal Supremo de España admitió este miércoles una de las dos
demandas de paternidad presentadas contra el rey Juan Carlos: se trata
de la presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne Satiau, quien reclama ser la hija del padre de Felipe VI.Los magistrados del pleno de la Sala de lo Civil, sin embargo, han rechazado otra demanda presentada por el español Albert Solá Jiménez. Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha declinado hacer comentarios sobre esta decisiónPara que sea admitida, los dos demandantes tendrían que tener algún
documento, como una carta o una fotografía, que indique que sus madres y
don Juan Carlos mantuvieron una relación sentimental.La Sala ha
resuelto admitir la demanda de Jeanne Satiau tras analizar tanto la
documentación presentado por esta como el informe desfavorable de la
Fiscalía.Para instruir esta causa, el Supremo podría pedir una prueba de ADN
al rey Juan Carlos, aunque este puede negarse a someterse a ella. El
Ministerio Público reclamaba que se rechazaran las dos demandas al
considerar que no existe el principio de prueba que exige el artículo
767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo señala que “no se
admitirá en ningún caso la demanda sobre determinación o impugnación de
la filiación si con ella no se presenta un principio de pruebas de los
hechos en que se funde”.En el caso de Solá Jiménez, nacido en Barcelona en 1956, la Fiscalía
rechazó como prueba una supuesta prueba de ADN de don Juan Carlos,
refrendada, según el demandante, por un perito. La demanda de paternidad
presentada en junio en la Audiencia Provincial sostiene que esta prueba
avalaría la paternidad del Rey con “una fiabilidad superior al 99,9%”,
según el diario español El País.El Rey es aforado ante el Tribunal Supremo desde que abdicó y perdió
la inmunidad. Las dos demandas de paternidad fueron inicialmente
presentadas en juzgados ordinarios cuando Juan Carlos I todavía era jefe
de Estado y fueron rechazadas por la inviolabilidad que regía sobre él.
Pero tras su abdicación en junio pasado, los demandantes las volvieron a
presentar y los juzgados las trasladaron al Tribunal Supremo. de Zarzuela restó importancia a la demanda por falta de
credibilidad.
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